Estado no asigna presupuesto a gobiernos para trabajar contra la violencia hacia las mujeres

LDLG. El Estado peruano no asigna presupuesto específico a gobiernos regionales, locales y ministerios para el cumplimiento del Plan Nacional Contra la Violencia de Género (PNCVG) 2016 – 2021, lo que no permite un trabajo coordinado y eficaz para la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

Así lo revela el informe realizado por la Defensoría del Pueblo sobre la implementación del mencionado plan en 12 indicadores seleccionados, el cual fue presentado por Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo, durante una actividad por el Día Internacional de la Mujer.

Publicidad

El estudio advierte que el PNCVG nace sin presupuesto específico; en consecuencia,  las acciones se ejecutan con cargo al presupuesto general de cada institución. Los gobiernos  regionales de Arequipa, Callao, La Libertad, Lima y Loreto han dispuesto hasta el 1% de su presupuesto a las acciones en favor de mujeres e integrantes del grupo familiar. Por su parte, en Ayacucho se construyó un centro de atención para víctimas de violencia familiar y sexual; y en Tacna, una casa de refugio temporal para mujeres afectadas.

El Defensor del Pueblo informó además que solo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) asignó a la ejecución del plan el 34% de su presupuesto institucional y tres ministerios (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores) montos menores. Los demás sectores no asignaron fondos.

Esta situación revela la importancia de dotar de partidas presupuestales adicionales a cada sector, gobiernos regionales y locales, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas con la aprobación de la Presidencia del Consejo de Ministros. “La principal tarea para que los derechos sean una realidad es que el Estado se comprometa, invierta y cumpla su papel”, enfatizó Gutiérrez Camacho.

Se encuentra pendiente que el Ministerio de la Mujer apruebe el Protocolo Base De Actuación Conjunta, instrumento fundamental que permitirá la articulación intersectorial de los procedimientos, acciones y servicios vinculados a la Ley Nº30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

LO DICE LA GENTE / Fuente: Defensoría / Andina

Comentarios

Comentarios