Indulto: Fiscalía podrá usar material incautado en casa de PPK

LDLG. La Corte Suprema de Justicia autorizó a la Fiscalía para utilizar en la investigación sobre el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori una serie de documentos incautados en el domicilio del también exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien le otorgó la gracia.

La Fiscalía informó que fue autorizada para incluir el material incautado dentro de la investigación preliminar abierta para determinar posibles irregularidades en el proceso seguido por el Gobierno peruano para librarle a Alberto Fujimori de terminar de cumplir una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

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La autorización fue solicitada por el Fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez, ya que los documentos habían sido incautados en el marco del caso Odebrecht, donde el expresidente es investigado por lavado de activos.

La incautación se realizó durante un allanamiento hechos en marzo por un equipo especial de la Fiscalía a dos viviendas de Pedro Pablo Kuczynski, su hogar en el pudiente distrito limeño de San Isidro y su segunda residencia, ubicada en Cieneguilla, en el este de Lima.

En ese registro los fiscales hallaron una carpeta con borradores y comunicaciones de Pedro Pablo Kuczynski sobre el indulto concedido la última Navidad a Alberto Fujimori, según reveló en abril el diario El Comercio.

La Fiscalía abrió recientemente una investigación preliminar sobre el indulto ante las sospechas de que fue un pacto político entre Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori y que su proceso estuvo presuntamente caracterizado por irregularidades.

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La gracia se la otorgó solo tres días después de que Pedro Pablo Kuczynski evitara ser destituido del cargo en una moción que ganó gracias a las abstenciones de diez parlamentarios fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien había pedido en reiteradas ocasiones al entonces mandatario el indulto para su padre.

La medida eximió a Alberto Fujimori de cumplir más de la mitad de la condena a 25 años de prisión que recibió en 2009 por la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, además del secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

El indulto fue sustentado en una supuesta enfermedad grave no terminal y degenerativa que se agudizaba por sus condiciones carcelarias, a pesar de que en prisión tenía atención médica constante y una celda con tres ambientes.

Durante el proceso se registraron supuestas irregularidades como la participación del médico personal de Fujimori en la Comisión del Ministerio de Justicia que lo revisó y una inusitada velocidad burocrática en un trámite que por lo general puede demorar unos seis meses.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado peruano investigar la legalidad del indulto antes de recurrir a ella para emitir una decisión.

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