JNE: Las nuevas reglas que se aplican en las Elecciones Regionales y Municipales 2018

LDLG. Reformas. Las Elecciones Regionales y Municipales fueron convocadas para el domingo 7 de octubre del 2018 y según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), son casi 13 Mil puestos en disputa, entre regidurías y alcaldías distritales y provinciales, así como consejerías y gobernaciones regionales.

Las elecciones se realizarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país. Se estima que 23 Millones 438 Mil 266 electores están habilitados para sufragar y que participarán 115 mil candidatos a nivel nacional.

Una de las novedades del actual proceso electoral son los cambios hechos como resultado de la reforma electoral iniciada en el Congreso e impulsada por organizaciones de sociedad civil, organismos electorales, la Comisión Presidencial de Integridad, grupos parlamentarios y el Poder Ejecutivo.

El cambio más importante es el que prohíbe la candidatura de personas con sentencia firme por terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, colusión, peculado y corrupción de funcionarios.

Estas personas no podrán postular aunque hayan cumplido su condena (Ley 30717) lo que constituye un paso de especial relevancia en la perspectiva de elevar los estándares éticos de nuestras autoridades.

En el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales también hay cambios. La nueva ley prohíbe que personas condenadas o con prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo aporten recursos a los partidos y campañas electorales (Ley 30689).

Mientras que los aportes superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que equivale a S/ 4 Mil 150, deben hacerse por medio de una entidad bancaria. Se prohíben los aportes de empresas peruanas o extranjeras y se eleva a 120 UIT (498 Mil Soles) el tope para los aportes.

Sin embargo, Asociaciones Civiles como Transparencia han lamentado que la nueva ley elimina la obligación de las organizaciones políticas (partidos, alianzas electorales y movimientos regionales) de presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportes de ingresos y gastos durante la campaña electoral; así, presentarán un único reporte cuando haya concluido todo el proceso electoral.

Para los especialistas en temas electorales, esto limita las facultades de supervisión de ONPE y afecta los derechos de los electores de contar con información para emitir un voto responsable e informado.

La Ley tampoco contempla sanciones políticas para las organizaciones que, por ejemplo, reciban dinero de fuentes prohibidas. Se trata de graves deficiencias que deben ser corregidas para hacer frente a la penetración de intereses ilícitos en la política.

LO DICE LA GENTE / A. Abad T. / Fuente: JNE

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