La inseguridad ciudadana en el Perú enfrenta uno de sus momentos más críticos. Entre enero y julio de 2025, se reportaron más de 20,000 denuncias por extorsión a nivel nacional, pero solo se lograron 11 sentencias condenatorias, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esto equivale a menos del 0.05 % de los casos que alcanzaron una resolución judicial definitiva. Actualmente, 284 personas permanecen en prisión preventiva por este delito, sin haber recibido una sentencia.
Las cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP) arrojan un panorama aún más preocupante: solo entre enero y octubre se registraron 23,213 denuncias por extorsión. En contraste, el INPE informó que únicamente 295 reclusos ingresaron a penales por este crimen, y el 96 % de ellos carece de una condena firme. Por otro lado, el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) registró hasta el 4 de noviembre un total de 1,895 homicidios en el país. De estos, 129 ocurrieron durante el gobierno de José Jerí, con Lima (39 casos) y Huaura (10 casos) como las provincias más violentas. No ha habido un solo día sin reportar homicidios.
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, expresó su preocupación por el crecimiento sostenido de la extorsión, al tiempo que criticó la respuesta lenta del sistema de justicia. “El sistema penal actúa de manera ordinaria frente a un fenómeno que demanda una acción mucho más eficaz”, señaló. Para Pedraza, la baja cantidad de condenas refleja tanto ineficiencia en los procesos como miedo entre los ciudadanos. Valoró como un paso positivo la reciente creación de la Dirección contra las Extorsiones en la PNP, pero indicó que esta carece aún de los recursos y la tecnología necesarios para ser eficiente.
Luis Lamas Puccio, abogado penalista, opinó que este problema es resultado del colapso de un sistema interdependiente. En su análisis, el INPE es apenas la última consecuencia visible de un caos generalizado en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Además, advirtió que el hacinamiento carcelario y las reformas legislativas apresuradas están profundizando la crisis.
Por su parte, el jurista Mario Amoretti fue más crítico al señalar que el Estado responde con medidas cargadas de simbolismo político mientras las leyes promulgadas no se aplican. Según él, se está utilizando la prisión preventiva como castigo anticipado debido a la incapacidad para investigar de manera eficiente. «Seguimos castigando sin condenar. Sin una limpieza profunda en las instituciones no habrá resultados», sentenció Amoretti.
