El regidor de la municipalidad provincial de Talara, Edgard Paredes Chira, se ha pronunciado respecto al Decreto de Urgencia 010-2025 promulgado y publicado por el Ejecutivo y, en esa línea, ha comentado en la red social Facebook que el Principio de Jerarquía Normativa, establecido en el Art. 51 de la Constitución Política del Perú dice claramente que, una norma (legal) inferior no puede desnaturalizar una superior y que esto debe ser entendido por cualquier ciudadano.
Agrega que, si bien los Decretos de Urgencia tienen fuerza de ley, su naturaleza es excepcional, transitoria y restrictiva (Art. 118, inc. 19 Const.); es decir que nadie puede así por así o porque se le antojó, realizar reformas estructurales o derogar leyes orgánicas que protegen a instituciones como Petroperú S.A.
“Lo que me parece raro es que, hasta el momento nadie haya demandado la inconstitucionalidad de este D. U., sobre todo si ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC Exp. N° 0008-2003-AI/TC) donde se ha establecido que los DU deben cumplir con los criterios de excepcionalidad, necesidad y urgencia, pero, sobre todo, con el respeto a la materia reservada. Un DU que pretende traerse abajo un cuerpo de leyes vigentes vulnera el principio de seguridad jurídica y competencia legislativa”, subraya.
En ese sentido, Paredes Chira, reitera que le extraña que el Congreso y los colegios de abogados estén de brazos cruzados y no hayan impulsado la inconstitucionalidad de este decreto. “El Ejecutivo no puede legislar ‘a sola firma’ sobre temas que la Constitución reserva al Congreso. El DU 010-2025 debe pasar por un riguroso control de constitucionalidad, porque de lo contrario, estaríamos permitiendo que un parche económico derogue el ordenamiento legal del país y dejaríamos un mal precedente”, ha sentenciado el concejal talareño.
SEPA USTED…
El pasado 31 de diciembre de 2025 el ministerio de economía y finanzas (MEF) publicó el citado decreto de urgencia que ordena a Petroperú pagar S/144 millones a ProInversión para que la privatice. El plan de “reestructuración patrimonial” del Gobierno contempla la división del negocio por bloques, entregar la refinería de Talara, sin deuda, a un privado, y reducir la planilla con recursos del ministerio de energía y minas (MINEM). (Texto: ANDRÉS ABAD TEJADA)
