Partidos políticos de Chile han anunciado en la noche de este martes un acuerdo sobre un nuevo Proceso Constituyente después de varios meses de negociaciones tras el rechazo de la población chilena en el referéndum de celebrado el 4 de septiembre.
El punto de partida de la propuesta de nueva Constitución es un proyecto de reforma con las bases institucionales acordadas por varios partidos políticos para crear un documento redactado en democracia y por un órgano con dedicación exclusiva, reza un comunicado del Senado chileno.
El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, y el de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, han informado del acuerdo tras firmar el documento “Acuerdo por Chile”, que culmina un proceso de cerca de tres meses de diálogos.
“Agradezco la responsabilidad de los actores de este diálogo, pues hoy se inicia el camino para avanzar en una Constitución nacida en democracia”, ha declarado Elizalde.
“Tenemos que aprender con humildad de las lecciones de nuestra historia y hoy se ha suscrito el ‘Acuerdo por Chile’ por un número significativo de las fuerzas políticas que habilita el nuevo proceso constituyente”, ha indicado.
Así, los firmantes han llegado a la conclusión de crear un órgano que redacte la propuesta de nueva Constitución y que esté formado por miembros electos popularmente y “expertos” designados por el Congreso.
De esta forma, el Consejo Constitucional estará integrado por 50 personas elegidas por votación popular directa, bajo sufragio universal y obligatorio, bajo principio de paridad. Este ente discutirá y aprobará la propuesta de texto y se disolverá tras completar la tarea indicada.
La Comisión Experta estará conformada por 24 personas académicas, elegidos la mitad por el Parlamento y la otra mitad por el Senado chileno. Este órgano redactará un anteproyecto que sirva de base para la redacción.
Además, habrá un Comité Técnico de Admisibilidad, de 14 juristas, elegidos por el Senado, que revisará las normas aprobadas con el objetivo de determinar la “eventual inadmisibilidad” de las medidas cuando sean contrarias a las bases institucionales.
Tras esto, la propuesta final deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía a través de un referéndum que las instituciones calculan que se celebraría el 26 de noviembre del 2023.
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