La máxima representante del Ministerio Público, Delia Espinoza, presentó una solicitud oficial ante la Corte Suprema para que determine la ilegalidad de la agrupación política Fuerza Popular, argumentando que realizó acciones contrarias a los principios democráticos que contravienen la normativa de partidos políticos.
La petición fue presentada oficialmente este miércoles 18 de septiembre ante el máximo tribunal del país. En el documento, la jefa del ente fiscal explica que después de recibir una denuncia de la ciudadanía en marzo de este año, su despacho recopiló pruebas y evidencias que demostrarían que la organización liderada por los Fujimori habría ejecutado «de manera sistemática en conductas antidemocráticas».
La representante del Ministerio Público fundamenta su requerimiento en la normativa que regula las organizaciones políticas, señalando que la agrupación habría ejecutado acciones que violentarían las «libertades y derechos fundamentales».
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Denuncias por ataques a autoridades y comunicadores
De acuerdo con el planteamiento de Delia Espinoza, la organización fujimorista habría fomentado agresiones contra la dignidad de jueces, servidores del Estado, adversarios políticos, comunicadores y empresas informativas, basándose en sus funciones, posturas ideológicas, actividades laborales y perspectivas políticas.
Asimismo, los acusa de haber impulsado el alejamiento de legisladores de su organización por razones de divergencia política y libertad de pensamiento, además de intentar justificar agresiones contra la existencia e integridad de las personas afectadas por el enfrentamiento armado interno ocurrido entre 1990 y 2000.
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Configuración de conductas antidemocráticas según la ley
Por último, señala que habrían «legitimado la violencia» como método para alcanzar metas políticas.
Todas estas situaciones, según la interpretación de la fiscal de la Nación, constituyen «acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto» de la legislación sobre agrupaciones políticas, lo que permitiría al Poder Judicial proceder con la declaratoria de ilegalidad de la organización.
La decisión final quedará en manos de los magistrados de la Corte Suprema, quienes deberán evaluar los argumentos y evidencias presentadas por el Ministerio Público para determinar si procede la solicitud de declarar ilegal al partido político.
