La Fiscalía peruana está hoy habilitada para pedir hasta 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, tras decidir el Congreso privarlo de la inmunidad que le corresponde como exmandatario.
La decisión fue aprobada en medio de protestas de las bancadas progresistas, que consideran improcedente el acuerdo de encomendar a la presidencia del órgano legislativo elaborar un proyecto de resolución para levantar el requisito de antejuicio parlamentario necesario para investigar y juzgar a Castillo.
El acuerdo se aprobó con 64 votos a favor, 35 en contra y una abstención, tras severos cuestionamientos jurídicos y políticos a una comunicación de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, que informa al Parlamento que debe continuar investigando a Castillo y a tres de quienes fueron sus ministros.
Para ello se necesita, pero no lo dice, que pierdan su inmunidad –que se extiende por cinco años posteriores a la gestión gubernamental- Castillo y los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres y el extitular del Interior Willy Huerta, indagados, lo cual no pide específicamente.
La Fiscalía investiga a Castillo por los delitos de Rebelión y conspiración, abuso de autoridad y perturbación pública por anunciar la disolución del Congreso, por lo que este lo destituyó.
Sus excolaboradores Chávez, Torres y Huerta son señalados como coautores de algunos de esos delitos.
Parlamentarios de izquierda plantearon no votar por un simple documento que no pide ni propone nada, porque solo plantea “garantizar los derechos fundamentales y la finalidad del proceso penal”, pues la prisión preliminar de Castillo, por siete días, está próxima a terminar, el miércoles próximo.
El planteamiento es una tácita insinuación para que el pleno autorice que la Fiscalía avance a la investigación preparatoria, fase en la cual puede pedir prisión preventiva para los indagados hasta por tres años.
Para ello, apuntó el legislador Gillermo Bermejo, hay una confabulación entre el presidente derechista del Congreso, José Williams, y Benavides.
Williams sostuvo que el reglamento del Congreso le permite atender lo que expone la fiscal y el congresista Guido Bellido señaló que la Fiscalía detuvo y encarceló a Castillo en forma ilegal tras su destitución, pues no cumplió con el procedimiento previo de desafuero, lo que quiere enmendar con la luz verde del Congreso.
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