Un comunicado de la APEP precisó que el reportero gráfico Aldair Mejía, de la agencia española EFE, fue herido ayer durante disturbios registrados en la ciudad surandina de Juliaca y tuvo que ser conducido a un hospital para su atención.
Mejía recibió el proyectil en una pierna durante los incidentes de ayer, en la citada ciudad la región de Puno, escenario de fuertes protestas reiniciadas el 4 de enero, y donde los manifestantes intentaron penetrar en el aeropuerto lugareño.
La Asociación Nacional de Periodistas informó que los policías agredieron al periodista cuando intentó registrar la detención de un manifestante, quisieron romper su credencial y uno lo amenazó diciendo que «si vuelves a hacer eso te vuelo la cabeza y sales muerto de aquí».
La denuncia de la APEP añade que “considera inadmisible que periodistas visiblemente identificados hayan sido atacados y amenazados de muerte cuando cumplían su tarea informativa durante las manifestaciones antigubernamentales en Juliaca”.
“Protestamos y pedimos a las autoridades peruanas sancionar todo exceso policial, así como investigar los ataques de manifestantes contra periodistas de medios locales”, dice el comunicado.
Según la agrupación de los corresponsales “puede que seamos un testigo privilegiado e incómodo, pero cumplimos un deber moral con la sociedad”.
De otro lado, en Lima, la abogada de derechos humanos Mar Pérez denunció que anoche, la Policía incurrió en una detención arbitraria y masiva de ciudadanos que no estaban cometiendo ningún delito y solo circulaban por la vía pública, incluyendo a tres adolescentes.
“Solamente hay dos supuestos en los que la Policía puede detener a ciudadanos, cuando están cometiendo un delito o por orden judicial; todo los demás son detenciones arbitarias”, aseveró, a tiempo de señalar que operaciones como la denunciada solo apuntan a infundir temor.
Pérez condenó el hecho que los fiscales que acudieron a tratar el caso pertenecen son especialistas en crimen organizado y tratar como organización criminal a quienes ejercen el derecho a protestar, no es compatible con un sistema democrático.
Las actuales protestas fueron precedidas en diciembre pasado por demostraciones antigubernamentales en las que se registraron al menos 26 muertes que son materia de indagaciones iniciales.
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