Los abogados Abimael Mendez, Yuri Martínez, Victor Alan Porras y Jack Diburga explican en su denuncia que decidieron esta medida «al haber tomado conocimiento de los graves atentados a los derechos fundamentales», específicamente en la ciudad de Ayacucho. Ellos reportan que, «hasta el momento de la interposición de la denuncia hay más de 7 fallecidos y más de 52 heridos graves».
En el documento denuncian la comisión del delito de genocidio y, de manera alternativa, el delito de homicidio calificado en contexto de violación de derechos humanos. Por lo tanto, solicitan la detención en flagrancia de los responsables.
La denuncia está dirigida contra la presidenta y el premier, pero también incluye a Luis Alberto Otárola Peñaranda, ministro de defensa; César Augusto Cervantes Cárdenas, ministro del Interior; Jesús Amarildo Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho; y Jorge Carlos Montoya Manrique, congresista de la República.
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