Siete sobrinos de Dina Boluarte han conseguido un contrato con alguna entidad estatal durante el tiempo que su tía fue titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) o cuando asumió la presidencia del país en diciembre del 2022.
Entre los beneficiados aparecen las sobrinas Yorka Gamarra Boluarte y Victoria Volodia Dávila Boluarte, quienes obtuvieron contratos estatales por montos que superan los S/ 85 mil por labor de consultoría en el Ministerio de Educación durante el 2021.
Dávila Boluarte fue incluida en informes de Contraloría, así como en la investigación de negociación incompatible del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte.
También figura Marco Antonio Boluarte Contreras, este registra tres órdenes de servicio a favor del Gobierno Regional de Apurímac, tierra natal de la actual mandataria, por un monto de S/ 9,000 solo en el 2023. Laboró como ingeniero al hospital Guillermo Díaz de la Vega (Abancay) entre febrero y abril. Antes no había contratado con el Estado.
Otra es Krupskaya Ugarte Boluarte, quien consiguió ser contratada como docente en la Universidad Nacional de Huancavelica en noviembre del 2024 y en el 2023. Encontramos también a Jhaery Enciso Boluarte, quien en abril del 2023 contrató con el Gobierno Regional del Cusco en el Plan Copesco por S/ 5,750. Por último, se registra a Shadia Segovia Boluarte, quien también ingresó a un programa del Minedu en agosto del 2022 y cobró más de S/ 22,500.
Sobre el tema, el analista legal Norberto Lajo Paredes señaló que la Contraloría mediante los organismos de control interno (OCI) de cada entidad citada debería iniciar acciones de oficio para descartar algún tipo de aprovechamientos en la competencia de un puesto de trabajo. La figura de un presunto tráfico de influencias no quedaría descartada, situado en el artículo 400 del Código Penal.
“Existe una ventaja y un privilegio el simple hecho que tu tía sea la presidenta o la ministra. Hay que revisar esos contratos, si los sobrinos cumplen con los requisitos para el puesto. Los consejos regionales de Cusco y Apurímac también deberían fiscalizar”, detalló.
