En su afán de protegerse del show mediático por las investigaciones al presidente Castillo, el Ejecutivo le regala un caramelo a los partidos políticos enquistados en el Parlamento y que arrastran investigaciones fiscales por graves delitos.
Tras el último Consejo de Ministros, el premier Anibal Torres anunció en conferencia de prensa que el Ejecutivo presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales en curso.
Torres señaló que la información generada en las diligencias penales, a la que consideró de carácter reservado, se difunde inmediatamente a la opinión pública, por lo que el Ejecutivo buscará detener la divulgación de estos documentos fiscales planteando pena de cárcel de hasta cuatro años.
“La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es pública y no hay reserva. Sucede en la actualidad que, en las investigaciones, la información reservada se da a conocer rápidamente al público. A veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder”, dijo en conferencia de prensa.
“Por eso estamos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine, y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad”, agregó.
Acerca de la polémica propuesta, el impulsor del proyecto y ministro de Justicia, Félix Chero, advirtió que se considera que “solo tienen el privilegio de esta información los sujetos procesales (investigados, agraviados, abogados) y operadores de justicia (juez, fiscal)”.
Además, indicó que esta información solo podrá ser revelada cuando el proceso deja de tener la calidad de reservado y pasa a ser público recién en la etapa del juicio oral. Señaló también que revelar la información fiscal antes de esta etapa “desnaturaliza la esencia de la investigación, pone en riesgo la investigación misma y pone en riesgo a quienes se encuentran sujetos a investigación”.
LEY MORDAZA
Por otro lado, el titular del Minjus, a pesar del evidente conflicto de interés del Ejecutivo al presentar esta propuesta, y a la innegable afectación al derecho de información que esta representa, rechazó los calificativos de “ley mordaza” ya que, aseguró, lo que se busca con es proteger derechos fundamentales, que no se afecte un derecho constitucional como la presunción de inocencia y proteger que no se afecte a testigos con código de reserva.
No obstante, cabe recordar que el 13 de enero, luego de que el ministro Chero anunciara su intención de plantear el cuestionado proyecto al Consejo de Ministros, la Asociación Nacional de Periodistas rechazó esta iniciativa en su cuenta de Twitter.
“La ANP alerta sobre el potencial riesgo para la actividad periodística de concretarse este proyecto que se propone desde el Ministerio de Justicia. Criminalizar a las fuentes suma a la opacidad y obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística”, publicó el gremio de prensa.
Asimismo, recordaron que “esto se suma al PL que penaliza a periodistas y medios que difunden información de procesos de colaboración eficaz, aprobado en febrero en la Comisión de Justicia del Congreso”. En esa línea, expresaron su preocupación por “la sincronía entre Ejecutivo y Legislativo en menoscabo del periodismo”.
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