El Ministerio de Salud confirmó hoy la octava muerte de un civil en las protestas contra el nuevo gobierno de Perú , mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció el aval de miembros del Ejecutivo a esos excesos.
Al mismo tiempo, enumeró, con videos y otras evidencias, los casos de represión ilegal cometidos desde que hace una semana comenzaron las protestas.
“Aunque en algunas protestas se registran acciones violentas y agresiones a periodistas y medios de comunicación, los altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte avalan una repuesta de las fuerzas policiales que queda claramente fuera del marco normativo nacional e internacional”, advirtió la Coordinadora.
Entre las prácticas ilegales mencionó el uso prohibido de canicas de metal y vidrio, perdigones de metal y balas y los disparos de granadas de gas lacrimógenos dirigidas al cuerpo de los marchistas, víctima de lo cual un joven está en cuidados intensivos en Lima.
Agrega los disparos a los manifestantes, desde helicópteros, incluso con armas letales y “la represión contra el cortejo fúnebre de dos jóvenes asesinados en Andahuaylas”.
La coordinadora señaló también el uso de ls Fuerzas Armadas en el control del orden y la declaratoria del estado de emergencia , medidas que, afirma, violan el principio de la proporcionalidad.
“Estas medidas agravan el riesgo de vulneraciones de derechos humanos que ya se han venido registrando”, aseveró.
Señala por otra parte la infliltración en las movilizaciones de policías encubiertos que instigan a los manifestantes a cometer disturbios y realizan detenciones arbitrarias, a lo cual agrega la falta de identificación visible de los policías uniformados.
Menciona el “sembrado de pruebas” a los detenidos y el caso de una vivienda de Andahuaylas allanada por la Policía para usar la azotea como posición de francotiradoes que habrían dado muerte a dos jóvenes, por lo cual la población incendió la casa.
La lista incluye detenciones arbitrarias, restricciones del acceso de abogados a los detenidos y la negativa de información inmediata sobre la ubicación de los apresados y estigmatización de los manifestántes calificándolos como terroristas.
Entretanto, el ministro del Interior, César Cervantes, un ex jefe de la Policía, insistió en que hay elementos de organizaciones derivadas del grupo armado Sendero Luminoso que azuzan las protestas y los actos de violencia registrados y que la inteligencia policial tiene a varios identificados.
También dijo que solo protesta una minoría, que estimó en 41 mil personas en todo el país y que los grupos violentos han atacado 40 edificios públicos y privados, como sedes judiciales y policiales.
Previamente, el primer ministro, Pedro Angulo, señalado como derechista por los descontentos, declaró que había aproximadamente cinco mil senderistas presos por terrorismo y muchos han cumplido sus condenas y estarían tras los ataques.
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