Solo siete entidades públicas cumplieron en el 2022 con la cuota laboral de incorporar en su planilla al 5 % de personas con discapacidad (PCD), ha informado el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
Luego de fiscalizar a 118 entidades públicas en los tres niveles de Gobierno, el Conadis dio a conocer que las siete entidades que sí cumplen con la cuota de empleo PCD 2022 se concentran en los gobiernos regionales y municipales. Estas instituciones, en conjunto, contrataron a 246 personas con discapacidad el año pasado.
Las instituciones que han cumplido con la cuota de empleo son: la municipalidad provincial de Contralmirante Villar en Tumbes, con el 6.55 % (11 personas); municipalidad distrital de Independencia en Lima, con el 6.51 % (37 personas); Gobierno Regional de Tumbes, con el 5.84 % (22 personas); municipalidad provincial de Piura, con el 5.34 % (79 personas); Gobierno Regional de Loreto con el 5.15 % (54 personas); Gobierno Regional de Pasco, con el 5.14 % (13 personas); y Gobierno Regional de Piura, con el 5.05 % (30 personas).
Además, estos resultados arrojaron que un total de 1,276 personas con discapacidad trabajan en estas 118 entidades. De las cuales 471 son mujeres (37 %) y 805, varones (63 %). El 46 % del total de trabajadores con discapacidad pertenece al régimen CAS y el 54 %, a otros regímenes, como el Decreto Legislativo 276 (28 %) y el Decreto Legislativo 728 (26 %).
Por otro lado, se evidencia que las 111 entidades restantes sí tienen registrada la contratación de personas con discapacidad; sin embargo, no alcanzan el porcentaje exigido por la ley. Solo cuatro entidades no cumplieron con enviar la información requerida por la institución.
Esas 111 entidades deberían contratar a un total de 3,387 personas con discapacidad, a fin de que cumplan con esta obligación señalada en la Ley 29973.
Cumplimiento de la ley
En el marco de la Ley 29973, el Conadis, entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), exhortó a los titulares y funcionarios de las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno, a cumplir con la obligación establecida en el artículo 49.1 de la referida ley.
Según esta, “las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5 % de la totalidad de su personal y los empleadores privados con más de 50 trabajadores, en una proporción no inferior al 3 %”.
Sector vulnerable de la población
A causa de la pandemia originada por el covid-19, las personas con discapacidad y sus familias fueron las primeras en ser afectadas, debido a que su economía ya era precaria, informal y de sobrevivencia, mostrando los más altos índices de exclusión y desatención.
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