La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confirmó la cifra de 26 decesos, incluyendo la muerte, hoy, de Jhonathan Alarcón Galindo, de 19 años, herido de bala durante los disturbios registrados en la ciudad surandina de Huamanga.
Según la referida organización, el joven murió sin que se atendiera el pedido de los médicos de que la Fuerza Aérea lo evacuase a Lima para una mejor atención.
El deceso elevó a 10 el número de muertes de la semana pasada en la región de Ayacucho, de la que forma parte Huamanga, bajo el estado de emergencia decretado por el nuevo gobierno de Dina Boluarte en ese y otros territorios.
La secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador, declaró a Prensa Latina que en su encuentro con la avanzada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) demandó el cese del estado de emergencia que ha militarizado la protesta e impulsado el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía.
Hizo notar que en el primer día del estado de emergencia se duplicó el número de muertes, casi todas causadas por armas de fuego.
El vocero de la bancada congresal del izquierdista Partido Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que en diálogo con la avanzada de la CIDDH, llegada ayer por invitación del gobierno de Dina Boluarte, señaló como responsables de la matanza a la presidenta y al nuevo primer ministro, Alberto Otárola, hasta hace unas horas titular de Defensa.
Por su parte, el parlamentario centrista Illich López, comentó que el reemplazo del ministro del Interior César Cervantes, por el también ex general de la Policía Víctor Rojas, parece obedecer al hecho de que alguien tenía que ser responsable político de las muertes.
La avanzada técnica de la CIDDHH, informó escuetamente que ayer recibió información sobre afectaciones a derechos humanos en el contexto de las protestas, por parte de periodistas, representantes de organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas y de activistas, entre otros sectores.
Los visitantes fueron recibidos por la presidenta Boluarte y otros miembros del Gobierno y por el Parlamento, y escucharon testimonios de civiles y policías heridos, así como de personeros del sistema de justicia y hoy parte de ellos viajaron a la surandina región de Cusco a recoger más testimonios.
Mañana estarán en la región de Ayacucho, escenario de los hechos de mayor gravedad, para recabar más información que entregarán a los integrantes de la CIDDHH que harán una visita de fondo al país en enero y entre quienes estará el relator de la comisión para Perú, Stuardo Ralón Orellana, quien la semana pasada condenó las muertes ocurridas en el contexto de las protestas acaecidas en la nación andina.
“Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables. Mi solidaridad con las familias de las víctimas”, escribió el funcionario en Twitter.
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