El presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de Cabo Blanco, Carlos Chapilliquén Panta, nuevamente ha denunciado a través de un vídeo, que embarcaciones bolicheras y de pesca de arrastre están depredando especies marinas. Sostiene que estas modalidades de pesca son consideradas delitos ambientales y están penados por ley con cárcel de entre 3 a 5 años.
Esta mañana el dirigente de los pescadores artesanales de Cabo Blanco sostuvo que las autoridades marítimas y del Ministerio de la Producción (Produce) no le hacen caso y que las naves langostineras son de Sechura y alrededores. Según cuenta por allá no hay langostino y han venido por Cabo Blanco, Los Órganos y otras caletas de la provincia de Talara.
En el vídeo in situ que compartió por redes sociales remarca que todo esto sucede por la falta de fiscalización de parte de los organismos encargados de hacer cumplir la legalidad.
“Nuevamente aquí, para hacerles llegar a las máximas autoridades de la provincia de Talara lo que a diario hacen estos depredadores del mar, quienes vienen a esta zona desde otras provincias como Sechura para atentar contra el ecosistema del Banco de Máncora (Cabo Blanco, El Ñuro, Los Órganos y Máncora). Desde acá le quiero hacer un llamado al Fiscal del Medio Ambiente para que constate y abra procesos a estos malos pescadores”, es el clamor del presidente de los pescadores artesanales de Cabo Blanco.
Carlos Chapilliquén Panta recordó que en reunión con el ministro de la Producción el 28 de diciembre pasado en reunión realizada en caleta El Ñuro (Los Órganos) se comprometió a tomar cartas en el asunto, pero seguimos en lo mismo. “Hago un llamado a las autoridades (Dicapi, Capitanía, Produce, Fiscalía del Medio Ambiente) para que tomen cartas en el asunto y estos señores se vayan fuera de las 5 millas a trabajar y no malogren el hábitat de nuestro mar talareño.
Dato
Son muchas las denuncias que han hecho los pescadores artesanales contra las embarcaciones ilegales de arrastre las cuales operan desde el año 2000 en esta zona norteña, sin que las autoridades gubernamentales puedan combatirlos.
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