TALARA. Lo que comenzó como una crisis silenciosa de impagos ha escalado a una paralización abierta de actividades. Desde el pasado miércoles, las operaciones en el lote petrolero Z-69 se encuentran gravemente suspendidas por decisión de diversos contratistas, luego de que la empresa operadora Petroperú incumpliera de manera sistemática el pago por los servicios esenciales prestados en los últimos seis meses, acumulando una deuda que supera los 13 millones de dólares.
Según pudimos conocer, el punto de quiebre más crítico de esta crisis se desató con la drástica decisión de la empresa ALM, encargada de la gestión operativa de los muelles de Petroperú, la cual determinó abandonar por completo las operaciones portuarias ante la falta de presupuesto y la inviabilidad financiera para seguir sosteniendo el servicio. Esta retirada hace muy complicada la logística clave para el movimiento de naves y personal hacia las plataformas marinas.
La salida de ALM coincide con la suspensión de actividades de varios otros contratistas estratégicos en otros rubros que brindan servicio en el Lote Z-69.
Señalan inacción de ProInversión en el control de pagos
Fuentes del sector empresarial que exigieron el estricto anonimato para evitar represalias comerciales, señalaron la responsabilidad de ProInversión en este colapso. Actualmente, esta entidad del Estado tiene el control técnico y la fiscalización directa sobre los movimientos de caja y los flujos de pago de Petroperú. Sin embargo, las contratistas locales denuncian una alarmante inacción y burocracia por parte de los funcionarios de ProInversión, quienes mantienen congelados o retrasados los fondos destinados a cubrir los servicios ya ejecutados en el campo.
Esta parálisis administrativa ha provocado un efecto dominó que asfixia a las empresas de servicios marítimos, seguridad industrial, alimentación, mantenimiento técnico y otros relacionados. Las compañías locales hicieron esfuerzos sobrehumanos recurriendo a líneas de crédito privadas para pagar planillas de trabajadores y subproveedores durante medio año. No obstante, al tocar fondo sus finanzas debido a las trabas en el control de pagos, la continuidad operativa se volvió materialmente imposible.
El entramado de deudas que ahoga a Petroperú —atribuido principalmente a los sobrecostos y compromisos financieros derivados de la construcción de la Nueva Refinería Talara— ha terminado por trasladar la crisis directamente a los hombros del empresariado local y de los trabajadores talareños, poniendo a decenas de empresas al borde de la quiebra definitiva.
Una ampliación en jaque
Esta parálisis ocurre apenas unas semanas después de que el Gobierno central otorgara a Petroperú una ampliación excepcional de 12 meses adicionales para seguir operando el lote Z-69, cuyo contrato original había vencido en mayo del presente año. La realidad en el campo demuestra que la prórroga carece de respaldo financiero real para garantizar los pagos de servicios para la producción regular de hidrocarburos.
Ante la falta de alternativas de solución por parte de Petroperú a esta complicada situación, las contratistas afectadas han decidido romper el silencio para advertir a la opinión pública y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sobre el inminente riesgo de un colapso total en el lote Z-69. De no establecerse un fondo de contingencia o un cronograma de pagos inmediato y verificable, la suspensión temporal se convertiría en un cierre definitivo de operaciones con destructivas consecuencias laborales y económicas para la provincia.
