La ONG Amnistía Internacional (AI) ha solicitado este jueves al Gobierno de España que suspenda “inmediatamente” todo tipo de exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú para evitar su uso para “reprimir” a la población en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo.
La organización ha indicado en un comunicado que la represión se ha llevado a cabo con “proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor” y ha asegurado que seguirá investigando si estas armas se han utilizado para cometer violaciones graves de los Derechos Humanos en el país latinoamericano.
En este sentido y como medida cautelar, Amnistía Internacional en España ha insistido en la necesidad de que el Gobierno ponga fin a la venta de este tipo de materiales y ha solicitado mejoras “en la evaluación de riesgo de las ventas de armas a Perú (…) para garantizar que las armas españolas no se usan para cometer violaciones y se investigue su utilización”.
Además, Amnistía ha alertado de que la “represión letal” del Estado peruano es una “muestra más del desprecio hacia la población indígena y campesina”, que ha protagonizado en mayor medida estas protestas y paros junto a estudiantes y sindicalistas.
En este sentido, ha denunciado que desde el inicio de las manifestaciones, que comenzaron a principios de diciembre en varios puntos del país y se han saldado con decenas de muertos y miles de heridos, la Policía ha disparado “de forma ilegítima armas letales” y ha usado “otras menos letales de forma indiscriminada contra la población civil”.
Así, durante la presentación de los resultados de las investigaciones realizadas por la misión de la organización desplegada en Perú, ha lamentado que entre el 29 de enero y el 11 de febrero, se recibió información sobre al menos 46 posibles violaciones de los Derechos Humanos y se documentó la muerte de doce personas por armas de fuego.
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Además, se han registrado indicios de graves negligencias judiciales en el marco de la investigación de estos actos de violencia. “Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus Derechos Humanos,” ha lamentado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En Juliaca, en el departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población indígena, 17 personas perdieron la vida el 9 de enero en el contexto de la represión policial, tal y como advierte el informe de AI.
La propia Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por “proyectiles de arma de fuego”, provocando uno de los eventos más trágicos y perturbadores en todo el país. A principios de febrero, recoge el texto, el Gobierno decretó el estado de emergencia en siete regiones mientras Puno quedaba bajo control militar.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,” ha manifestado Guevara.
POSIBLES EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
A pesar de que las normas internacionales que prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para controlar las protestas, la información recopilada apunta a que en múltiples casos la Policía y el Ejército peruanos recurrieron a este tipo de violencia como “uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas”, ha puntualizado Amnistía.
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De los 12 casos de personas fallecidas documentados por Amnistía hasta ahora, todos incluyen disparos en el pecho, torso o cabeza, “lo que podría ser indicativo, en algunos casos, de un uso intencional de la fuerza letal”.
Desde el inicio de la crisis se han registrado más de 1.200 civiles heridos durante las protestas, a los que se suman 580 policías heridos, según cifras del Ministerio de Salud de Perú. La ONG ha indicado que existen datos que apuntan al uso de material potencialmente letal, como perdigones, y gases lacrimógenos en Lima, donde al menos una persona habría muerto después de recibir el impacto de una lata de gas en la cabeza.
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Asimismo, Amnistía ha subrayado que existe una falta de recursos judiciales y que las investigaciones sobre el uso excesivo de la violencia por parte de las autoridades avanzan lentamente. “La Fiscalía debe disponer urgentemente de recursos y tiempo para la investigación de las violaciones graves de Derechos Humanos. Demorar y descuidar esta labor contribuye a crear un clima de impunidad,” ha manifestado Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía en Perú.
El texto apunta también a la “estigmatización” de los manifestantes por parte del Gobierno, que ha acusado de terrorismo a los participantes sin que haya pruebas mediante y con el objetivo de “deslegitimar las demandas” de la población que ha salido a la calle.
“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido,” ha explicado Navarro.
PETICIONES AL GOBIERNO PERUANO
Amnistía Internacional, cuyos representantes se han reunido con la propia presidenta peruana, ha recomendado encarecidamente un enfoque “antirracista” para hacer frente a las protestas y ha pedido un “cambio de tácticas en la gestión de las manifestaciones”. “Las autoridades estatales deben poner fin al uso de la fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas potencialmente letales como perdigones. El gas lacrimógeno y otras armas menos letales deben ser usados de forma adecuada y proporcional”, ha incidido.
Para la ONG es de vital importancia que la Fiscalía investigue a los posibles responsables de violaciones de Derechos Humanos “hasta el más alto nivel”, lo que incluye “realizar todas las diligencias necesarias de forma pronta y exhaustiva, asegurando recursos y personal suficiente a las fiscalías especializadas en Derechos Humanos”.
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También ha instado a poner fin a la “estigmatización de las personas que se manifiestan” y ha pedido “adoptar medidas oportunas que pongan fin a la discriminación racial estructural”, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno proporcione urgentemente apoyo a las familias de las personas fallecidas y heridas.
“La comunidad internacional y los mecanismos de protección de los Derechos Humanos deben tomar todas las medidas oportunas y urgentes para garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas”, recoge el documento.
Guevara, por su parte, ha recordado que la grave crisis que atraviesa el país ha sido alimentada por la “criminalización y el racismo contra las comunidades de pueblos indígenas y campesinos, que toman ahora las calles ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica”. “Reiteramos nuestro llamamiento a Boluarte y al resto de autoridades para poner fin a la represión, atender las demandas de quienes protestan y garantizar que el Estado cumpla con su obligación”, ha zanjado.
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