La Contraloría General de la República dijo este miércoles que se respeta el derecho a la defensa de la vicepresidenta Dina Boluarte, sus defensas son obligatorias y ha sido notificada del pedido de aclaración en dos ocasiones. Esto sigue al anuncio de que la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social habría incurrido en infracción constitucional al integrar los consejos directivos del Club Departamental Apúrímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.
A través de un comunicado, la Contraloría General dijo que se requiere aclarar sobre declaraciones recientes de Dina Boluarte sobre el proceso de auditoría realizado sobre el estado de resultados, patrimonio, sus ingresos y tasas de interés.
“Sí se respetó su derecho a la defensa requiriéndole los descargos y se le notificó la solicitud de aclaraciones correspondientes en dos oportunidades, tal como consta en los Oficios N° 00045-2022-CG/FIS y N° 00057-2022-CG/FIS, notificados válidamente el 10/03/2022 y 20/04/2022 respectivamente. Las respuestas a las aclaraciones solicitadas fueron presentadas y suscritas por la funcionaria mediante Cartas de fechas 21/03/2022 y 27/04/2022”, explicó.
La Contraloría General ha asegurado que ha informado íntegramente a Dina Boluarte de los resultados de la auditoría de sus declaraciones juradas, de conformidad con la normativa de auditoría aplicable.
“Conforme Directiva N° 012-2021-CG/FIS-Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas presentadas y remitidas a esta entidad, aprobada por Resolución N° 284-2021-CG. Dicha acción se confirma mediante Carta N° 000003-2022-CG/FIS y el cargo de recepción respectivo firmado por la propia funcionaria el 20/05/2022”, precisó.
Así mismo, también aclaró que según la normativa vigente, las acciones derivadas del control de declaraciones son un “acto propio de administración” y “no un procedimiento de sanción” que corresponde a la Contraloría General.
“Actuamos de manera legal y técnica y en virtud de ello corresponde remitir los resultados de la fiscalización y los hechos advertidos a las entidades que tengan competencia para que los evalúen de acuerdo a sus atribuciones y dispongas las investigaciones y medidas correspondientes”, señaló.
