Viernes, Julio 12, 2024

Emplazamiento ONU sobre represión a protestas impacta en Perú

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Mientras el Gobierno mantuvo discreción al respecto hasta avanzada la tarde anterior, los congresistas Susel Paredes y Flavio Cruz consideraron pertinente el virtual ultimátum del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, debido a la gravedad del saldo de 60 muertes, la mayoría por armas de fuego y durante disturbios.

“Es un plazo razonable, puede incluso cumplir antes o, si fuera necesario, pedir una ampliación”, dijo Cruz, representante de Puno, escenario de los hechos de mayor gravedad, sobre el requerimiento firmado por ocho relatores especiales de la ONU.

El informe requerido está relacionado con una visita del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que planteó duras críticas al Gobierno en un informe preliminar.

El texto fue entregado a la representación de Perú ante los organismos internacionales de Ginebra y cita reportes sobre “el alegado uso excesivo de fuerza, con un elevado número de muertes ilícitas, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias” y otras violaciones.

Pone especial atención en los casos registrados en las regiones surandinas de Apurímac, Ayacucho y Puno, donde murieron 35 civiles entre el 11 de diciembre de 2022 y el 9 de enero de 2023, y muchos resultaron heridos.

También pide explicaciones sobre reportes según los cuales las operaciones militares y policiales contra las protestas incluían un discurso oficial que asumía el conflicto como una guerra y calificaba a los manifestantes como terroristas.

Cita además a diversas instancias internacionales que expresaron preocupación por el el uso desproporcionado de la fuerza contra los participantes en las protestas iniciadas el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo.

El ex primer ministro Juan Jiménez planteó la posibilidad que el Gobierno de recibir cooperación internacional para mejorar el uso de la fuerza para que no afecten la integridad y vida de las personas.

“El gobierno tendrá que estudiar y responder a cada una de las preguntas que se le formulan”, dijo el excanciller Allan Wagner.

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