Cinco meses después de salir de la cárcel tras haber cumplido solo 16 de los 25 años de prisión que le ordenó la justicia por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, y otras penas menores por delitos de peculado, corrupción, y usurpación de funciones, entre otros, el dictador Alberto Fujimori se atrevió, sin vergüenza alguna, a solicitar al Congreso una pensión vitalicia, combustible, asistente y seguridad.
El sátrapa ahora está a la espera de que el Legislativo acepte abonarle los 15,600 soles como asignación mensual y otros beneficios, en medio de los fuertes cuestionamientos sobre su merecimiento para acceder a este dinero. Todo esto, pese a que la ley vigente impide que los exmandatarios acusados por el Congreso y sentenciados por el Poder Judicial puedan acceder a este beneficio.
La última encuesta de Ipsos reveló que el 70% de los peruanos está en contra de que el Congreso pague una pensión vitalicia al dictador Alberto Fujimori, excarcelado por orden del Tribunal Constitucional en diciembre del 2023. El rechazo a este pedido se eleva a 72% en provincias. Un 27%, en tanto, sí apoya que se le otorgue la pensión al indultado ex jefe de Estado
El indulto por razones humanitarias no lo ha liberado de sus delitos. Él lo sabe y no le importa. No ha pagado tampoco un sol de la reparación civil de 57 millones de soles por los tres casos por los que fue sentenciado. Él sabe y no le importa.
Pero los peruanos no olvidan. Tienen memoria. La mayoría rechaza este atrevimiento del dictador que pretende verle la cara al país. “No era el momento para hacerlo”, precisa el analista político Iván Arenas, que siente que la respuesta de los entrevistados coincide con la percepción positiva que tiene el exmandatario.
“Este tema de Alberto Fujimori podría ser usado para polarizar más aún el país, en estos momentos complicados. Además, es una situación difícil para el fujimorismo porque está asociado a la actuación que tiene hoy el Congreso”, explica Arenas.
LO DICE LA GENTE Talara
