El último miércoles 18 de octubre, mientras que la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba el muy cuestionado informe final “con cargo a redacción” sobre la moción 7565, que propone la remoción de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los magistrados decidieron defenderse. Es así que el mismo día decidieron recurrir a instancias judiciales y plantearon una demanda de amparo en contra del Legislativo.
El documento fue presentado de manera física ante la Tercera Sala Constitucional del Poder Judicial y en él se encuentran consignados los siete jueces que integran la Junta Nacional del Congreso: Imelda Tumialan Pinto, Aldo Vásquez Rios, Henry José Avila Herrera, Luz Tello de Ñeco, Humberto de la Haza Barrantes, y Guillermo Thornberry Villarán.
La demanda de amparo muestra al Congreso de la República, así como al procurador designado en este caso, como demandados. Ello, en respuesta a las graves acciones que fueron inicialmente impulsadas por la congresista Patricia Chirinos y posteriormente refrendadas por la Comisión de Justicia, que ese mismo miércoles aprobó el informe final que buscaba su remoción entre críticas y cuestionamientos, en una acción que ha sido considerada por expertos como un abuso de las funciones legislativas.
Esta acción de amparo buscaría que se respete la institucionalidad de la JNJ, que, de terminar siendo removida por el Legislativo, constituiría un grave atentado al sistema de Justicia y, por añadidura, al sistema electoral peruano. El documento ya se encuentra a la espera de ser admitido por el Poder Judicial y está asignado al magistrado Ricardo Tacuche Mesía, especialista legal a cargo en este caso.
Asimismo, cuenta con un total de 13 anexos con los que se busca sustentar los intentos del Congreso por removerlos del cargo, a fin de que la elección de sus reemplazantes quede a cargo del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, funcionario vinculado a Vladimir Cerrón y a Fuerza Popular, quien en la actualidad se encuentra bajo cuestionamientos por presentar un proyecto de ley para quedarse en el cargo hasta que el Congreso designe a su reemplazo.
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