Keiko Fujimori no declaró los US$ 3,65 millones recibidos de Dionisio Romero entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, según la inspección reservada de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). En ese momento ejercía como congresista y estaba obligada a presentar su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas conforme a la Ley 27482.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) desembolsó clandestinamente, el 3 de noviembre del año 2010, la primera de 17 entregas de dinero por un total de US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori durante el periodo de su campaña presidencial. La última fracción la completó el 23 de mayo de 2011. Después de 8 años y 6 meses de esta última fecha, la Superintendencia de Banca y Seguros se enteró de los aportes secretos del BCP a Fujimori, pero no porque se lo informó la entidad bancaria.
Dionisio Romero Paoletti estaba obligado a informar los desembolsos de dinero en efectivo a la candidata fujimorista a la presidencia, pero nunca lo hizo, por lo que la Superintendencia de Banca y Seguros formó un equipo Ad Hoc que determinó las responsabilidades del banco y lo sancionó con S/ 1.700.000.
Recibió dinero cuando era congresista
Durante este periodo, Fujimori era congresista y estaba obligada a presentar su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas conforme a la Ley. En 2019, Keiko admitió públicamente en sus redes sociales haber ocultado estos fondos, argumentando que la reserva de los aportes fue un compromiso asumido por temor a represalias.
Sin embargo, la ley exige a los legisladores reportar todos sus ingresos y bienes, incluyendo aquellos que reporten un beneficio económico significativo. Las declaraciones juradas presentadas por Fujimori en los años 2010 y 2011 no reflejan los US$ 3,65 millones recibidos de Romero Paoletti. En 2010, Keiko declaró bienes por S/ 117,500 y S/ 513,872 en “Otros”, que incluye cuentas bancarias.
Entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, Romero Paoletti entregó en total US$ 3,65 millones, equivalentes a S/ 13,730,000, montos que no fueron registrados en sus declaraciones juradas.
Esto implica una clara violación del artículo 5° de la Ley 27482, que establece la obligación de proporcionar información completa sobre ingresos, bienes y rentas.
30 años de cárcel
Estos hechos confirman un patrón de conducta, es que así como no declaró el dinero de Dionisio Romero, tampoco lo hizo con fondos de otros aportantes en las mismas fechas, como es el caso del empresario Juan Rassmus Echecopar y de su sobrino Enrique Gubbins Bovet, entre otros.
En 2021, tras más de dos años de investigación, el Ministerio Público solicitó 30 años de cárcel para ella por cargos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La acusación también incluye a Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces SAC, con propuestas de disolución y liquidación en caso de una sentencia condenatoria.
El juicio está vinculado a los millonarios aportes que presuntamente recibió de empresas como Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, utilizando estrategias como cócteles con simpatizantes y amigos para simular aportes de grandes sumas de efectivo.
LO DICE LA GENTE Talara
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