Durante la “Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción”, que se realizó en la ciudad de Lima, los representantes de 32 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) suscribieron la Declaración sobre el Fortalecimiento del Control Gubernamental ante la Corrupción Transnacional y las Nuevas Tecnologías, donde se comprometen a impulsar el desarrollo de políticas anticorrupción globales que fortalezcan su rol estratégico y promover marcos institucionales que faciliten el control gubernamental de flujos financieros y la vigilancia de recursos en contextos transnacionales.
En ese contexto, aseguran que fortalecerán los mecanismos de cooperación técnica y administrativa, facilitando el intercambio de información en tiempo real y la asistencia mutua para la auditoría de operaciones internacionales.
Las EFS aseguran que promoverán la adopción de nuevas tecnologías y análisis de datos en los procesos de control externo, permitiendo una detección más ágil de inconductas funcionales y esquemas complejos de corrupción transfronteriza.
Reconocen que la transformación digital, el análisis de grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial representan oportunidades críticas para la detección temprana de redes de corrupción a través de la auditoría.
Respuesta coordinada
A su vez, fomentarán las asociaciones estratégicas entre las entidades de control y los organismos de cooperación, garantizando la sostenibilidad de las iniciativas de lucha contra la corrupción a nivel global; y sensibilizarán a la comunidad internacional sobre la importancia de la independencia de las EFS para asegurar un control gubernamental eficaz, eficiente y transparente en beneficio de nuestras sociedades.
La corrupción transnacional constituye una amenaza compleja para la estabilidad democrática y el desarrollo sostenible, y exige una respuesta coordinada desde el control externo que trascienda las fronteras nacionales.
Además, las EFS se comprometen a consolidar la cultura de Integridad y Compliance en el sector público, integrando el control interno como una herramienta preventiva fundamental para salvaguardar la confianza ciudadana.
La declaración fue suscrita por los representantes de las EFS Albania, Antigua y Barbuda, Angola, Bahamas, Brasil, Burkina Faso, Chile, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Esuatini, Grecia, Guatemala, Honduras e Indonesia.
También firmaron Italia, Liberia, Libia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Rumania, Samoa, Santa Catarina (Estado), Senegal, Tanzania, y Trinidad y Tobago.
