Zuliana Laínez Otero, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP fue enfática y ha dicho que los funcionarios y autoridades que poseen cargo público tienen la obligación de transparentar la información estatal.
En entrevista al programa “La noticia con poder” que conducen las periodistas sullaneras Cecibell Buitron Arellano y Mary Carrasco, sostuvo que no es un deber que lo tienen solo frente al periodismo sino con la ciudadanía.
“En este país hay una ley de acceso a la información pública desde hace casi 20 años y toda la ciudadanía puede ejercitar ese derecho, pero además tenemos la Constitución Política en la se precisa que tenemos derecho a acceder y recibir esta información, pues se trata de un derecho fundamental”, acotó la máxima autoridad del gremio periodístico nacional.
Explicó que el derecho de cualquier ciudadano peruano o extranjero no se agota con la solicitud de acceso a la información; sino que se tiene que respetar lo que dice la Constitución cuando precisa que tenemos también derecho a recibir la información solicitada.
“Lo que pasa es que debemos cambiar el chip como ciudadanos, venimos de una cultura en la que desde hace tiempo creemos que el Estado es cerrado y hemos actuado como que, si lo estatal es reservado y es todo lo contrario pues es público. Solo hay algunas cosas muy puntuales y bien definidas en la ley de transparencia que se puede considerar como confidencial o reservado como por ejemplo el secreto bancario”, comentó.
Luego, Laínez Otero, indicó que los ciudadanos deben aprender a ejercitar nuestro derecho a la información pública y esta la encontramos en los portales de transparencia de las distintas instituciones del Estado.
La presidenta de la ANP también subrayó que ha habido intentos para silenciar al periodismo a través de proyectos como la Ley Mordaza y otras iniciativas. En ese sentido, dijo que las libertades informativas tienen protección constitucional y son consideradas como el ejercicio de un derecho humano.
“Se trata de entender la naturaleza de nuestra actividad en un momento como el que está viviendo el país que es el copamiento institucional innegable. A diario tenemos que estar viendo las normas legales para saber qué iniciativas está proponiendo el Poder Legislativo o alguna instancia del Poder Ejecutivo y que pueda tener un impacto con la prensa. No es solo ha sido el intento de la ley mordaza justo en un contexto de movilizaciones el año pasado. Lo cierto es que el Ejecutivo y el Legislativo quieren acallar a la prensa porque es el periodismo el que toma registro de lo que puede ser una potencial vulneración a los derechos humanos”, remarcó.
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