El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha detectado que, en un proceso de licitación, una empresa tenía como representante al ejecutor y supervisor de la obra; de tal forma, tenía el control total del desarrollo y avances del proyecto. Es decir, quien ejecuta la obra se supervisa a sí mismo; aquello constituye una práctica desleal y punible por la legislación en materia de contratación pública vigente. De ese modo, logran la aprobación de ampliaciones de plazo y adendas que llegan a costarle millones de soles en pérdidas al Estado, se informó.
Se trata de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Sullana. Según documentos de Conosce, buscador de proveedores adjudicados, y del Seace, Sullabella, el consorcio que construye los trabajos, tiene vínculo directo con la empresa del consorcio supervisor Grau, conformado por las empresas Gexa Ingenieros y Dohwa Engineering Co Ltd Sucursal de Perú.
Se trata de Washington Ruiz Pinchi, representante legal de Jagui SAC, una de las empresas del Consorcio Sullabella, desde el 15 de noviembre de 2019 a la fecha, según información del portal de OSCE (https://portal.osce.gob.pe/osce/conoce/). Ruiz también es accionista de Gexa Ingenieros SA con el 99% de acciones desde el 2 de setiembre de 2019.
Al estilo de Odebrecht, el Consorcio Sullabella logró obtener 22 adendas por el valor de S/43.667.368,57. Según un informe de control concurrente realizado por la Contraloría General de la República, el MVCS aprobó los costos adicionales en perjuicio de los recursos públicos entre julio de 2020 a septiembre de 2022, a solicitud del consorcio ejecutor y con la venia del consorcio supervisor. De esta manera, se incrementó el monto contractual del proyecto.
En enero del presente año, la Contraloría detectó dichas irregularidades. A través de un oficio que data del 27 de enero de 2023, se puso en conocimiento de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar Lubienska, las irregularidades y deficiencias en cuanto a infraestructura, retrasos en ejecución, costos adicionales de obra, ampliaciones de plazo, entre otros para que tome las medidas del caso. Sin embargo, hasta el momento, no se ha solucionado nada.
La misma modalidad se utilizó con la obra ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata, distrito de Uchumayo, Arequipa‘.
Ahora último, el mismo modus operandi estaría a punto de ocurrir con la obra en proceso de licitación ‘Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 387 y 388, Puente Piedra’.
Se trata del consorcio supervisor conformado por la empresa Xena EIRL y Dohwa Engineering Sucursal CD LTD en Perú. La representante legal y accionista de Xena, Giannina Ruiz Paredes, —según registra OSCE— está vinculada con Jagui SAC.
Tanto OSCE como la Contraloría vienen supervisando y encontrando este tipo de situaciones irregulares en los procesos de contratación del Estado.
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