A través de un documento múltiple presentado a la actual presidente peruana Dina Boluarte Zegarra y dirigido también al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, al ministro de justicia y a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los ex trabajadores de Petroperú despedidos arbitrariamente en 1996, le solicitan al gobierno nacional interponga sus buenos oficios para que el Ministerio de Justicia cumpla con la sentencia dictada por el organismo supranacional de derechos humanos.
En la misiva, Abraham Montero Ramírez en representación del este grupo de ex trabajadores de Petroperú, le exige a las altas autoridades del actual gobierno se atienda su caso, el cual ha sido postergado debido a la inacción y abuso de algunos funcionarios que se acogen a temas burocráticos para dilatar los procesos y postergar el cumplimiento de la sentencia de la CIDH, perjudicando a sus representados quienes solicitan justicia desde hace varias décadas.
Les recuerdan que el 20 de diciembre 2017 la CIDH notificó al Estado Peruano una sentencia, entre la que están considerados los ex trabajadores de Petroperú, a efecto que se cumpla con las reparaciones ordenadas.
“Sin embargo, hasta la fecha ya han transcurrido más de cinco años de haber sido notificada esta sentencia, sin que se cumpla dicho mandato. Lamentamos y cuestionamos que el Procurador Supranacional del Ministerio de Justicia continúe con sus trámites burocráticos que les perjudica, generando preocupación, frustración y una situación de vulnerabilidad de las víctimas y sus familiares. Tenemos que informar que del grupo ya han fallecido 22 y el resto son adultos mayores, algunos padeciendo de enfermedades degenerativas, por lo que es imprescindible que la sentencia de la CIDH sea cumplida por el Estado Peruano, a través del gobierno nacional de turno”, manifiesta textualmente este documento.
Según Montero Ramírez, a la fecha el Estado Peruano representado por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, vulnera su compromiso ante la Convención Americana de Derechos Humanos, al incumplir hacer efectiva las reparaciones ordenadas por el Tribunal Supranacional en el plazo que venció el pasado 16 de diciembre 2022.
Dato
El documento ha sido entregado a la presidenta Dina Boluarte en su más reciente visita técnica a la Refinería de Talara. En su discurso, la actual mandataria pidió al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, revise cada caso de los ex trabajadores despedidos en 1996.
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