Este jueves 2 de marzo, un equipo de la Fiscalía de la Nación, liderado por la fiscal Orihuela, se apersonaron a allanar la sede de la Federación Peruana de Fútbol en el marco de la investigación contra el presidente del máximo ente del balompié nacional, Agustín Lozano, por presuntamente integrar una organización criminal.
De acuerdo con el fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, la intervención se produce en el marco que la FPF no presentó la documentación solicitada por el Ministerio Público a inicios de febrero y por incumplimiento se realizó el allanamiento.
Sin embargo, este no es el primer caso por el cual se investiga a Lozano Saavedra, sobre quien recaen cuestionamientos desde que desempeñaba el cargo de alcalde de Chongoyape, Lambayeque, durante los períodos 2011-2014 y 2015-2018.
Enriquecimiento ilícito
En enero de 2021, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Agustín Lozano por presuntas irregularidades en su gestión como burgomaestre de Chongoyape. De acuerdo con la tesis fiscal, el también ingeniero habría aumentado de “manera notoria e injustificada su situación patrimonial” así como la de sus familiares cercanos y amigos, por ello se le acusó por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. La indagación se formalizó en setiembre del año pasado.
El monto del desbalance patrimonial es superior a los 2.8 millones de soles y habría usado hasta ocho testaferros para encubrir sus movimientos. Según las autoridades, Agustín Lozano habría abusado de su cargo para adquirir muebles, inmuebles, capital social, empresas, entre otros.
Lavado de activos
En agosto de 2020, el Ministerio Público inició investigación contra el mandamás de la FPF por la presunta comisión del delito de lavado de activos con la reventa de entradas para los partidos de la selección peruana durante el proceso eliminatorio al Mundial Rusia 2018.
De acuerdo con la Fiscalía, los integrantes de la Junta Directiva de la Federación en el período 2015-2018 serían investigados por realizar gestiones irregulares desde el interior de la entidad para aprovecharse ilegalmente de su patrimonio. Esto se debe a que, según el MP, la habrían dado un “fin distinto a las entradas corporativas y de cortesía, con el propósito de obtener un beneficio económico”.
Extorsión, coacción y organización criminal
En febrero del presente 2023, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra Lozano Saavedra y los miembros de su directorio en la FPF por la supuesta comisión de extorsión, coacción y organización criminal en perjuicio de los clubes profesionales de la Liga 1. Ante ello se ordenó un peritaje contable y financiero de la Federación desde 2018, fueron estos documentos los que no se entregaron a tiempo y provocaron el allanamiento de este jueves 2 de marzo en la Videna.
En el oficio del MP se detalla el presunto accionar delictivo de la banda, indicando que no habrían comunicado “la real situación administrativa, económica y financiera” de la FPF a los miembros de su Asamblea de Bases. Además habrían utilizado al ente rector para repartir diferentes montos de dinero a algunos clubes de primera y segunda división para “cancelar obligaciones y deudas”.
Se resalta que con el pago ilícito de 250 mil soles a Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba, Atlético Grau y equipos de Liga 2 no se realizarían auditorias. En este caso se le imputa el delito de fraude en administración de persona jurídica.
En diciembre del 2022, el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Óscar Romero, presentó una denuncia por los mismos crímenes en contra de Lozano y otros 12 directivos de la Federación. Según el dirigente, ‘Tin’ y sus colaboradores habrían realizado “actos extorsivos” al amenazar a los clubes que al no firmar con 1190 Sports la cesión de los derechos televisivos serían enviados a Liga 2 y excluidos de torneos Conmebol. La Fiscalía dispuso la apertura de una investigación por extorsión, coacción y organización criminal.
De acuerdo con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, la pena que recibirían los involucrados en caso sean encontrados culpables rondaría los 20 años.
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