La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles que el pasado 6 de febrero de 2022 emitió la Resolución 5-23, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y su núcleo familiar. Esta medida se dio tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, en la medida que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo en Perú.
Para llegar a esa decisión, la CIDH resaltó el contexto actual por el que viene atravesando el país, particularmente tomó en cuenta las actividades que ejerce la fiscal de la Nación, las mismas que son “notorias, visibles y de alto interés público para diversos sectores de la sociedad”. Asimismo, se consideró que Benavides Vargas y su familia “se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad al frente de la Fiscalía General de la Nación”.
La Comisión reconoce que el Estado peruano viene brindando protección material a la funcionaria y que incluso haya aumentado el equipo de seguridad en el marco de las disposiciones internas. Sin embargo, dada la situación planteada, estima que este no sería suficiente, y su incremento habría sido denegado.
“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión solicitó a Perú que; a) Adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias; b) Concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y c) Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición”, se lee en el comunicado.
Añaden que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado “no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano” en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
Finalmente, recalcan que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Antecedentes
En setiembre pasado, la Asociación de Magistrados del Perú solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para salvaguardar la integridad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por las investigaciones que se le venía siguiendo al entonces mandatario Pedro Castillo.
“La doctora Benavides requiere la adopción de las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida, integridad personal y salud de su persona, así como el núcleo familiar por encontrarse en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos están en riesgo de daño irreparable por su actual cargo como fiscal de la Nación en el que se investiga al presidente Pedro Castillo”, se leía en un documento enviado a la CIDH.
Del mismo modo, el oficio señala que la Fiscalía ha sido víctima de una demanda de habeas corpus, tras el pedido de parte del Ministerio Público al Poder Judicial para la medida cautelar en contra de la hija putativa del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes.
En otra parte del documento, la Asociación de Magistrados sostiene que la fiscal es tildada de golpista por la severidad de sus declaraciones al respecto sobre investigar al entorno de Palacio de Gobierno cuando Castillo era jefe de Estado.
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