En el escenario, se sientan frente a sus autores y cinco magistrados del tribunal resultante del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta el día de hoy escuchará la historia de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil colaboraron en el delito.
“Yo reconozco y acepto mi responsabilidad a título de coautor”, confesó el cabo Néstor Gutiérrez y solicitó perdón.
“Asesinamos (a) personas inocentes, campesinos” y mi deber es “aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país”, añadió el ex suboficial de la Brigada Móvil XV del ejército.
Reconocidos como “falsos positivos”, la matanza de civiles descrito como guerrilleros muertos en acción es el mayor escándalo en la historia de las fuerzas armadas colombianas.
Exmilitares y otros perpetradores del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes en el marco del acuerdo de paz para el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017. Quienes confiesen sus crímenes e indemniza a la víctima recibirán condenas alternas a la cárcel.
La JEP determinó que Ocaña fue el lugar de una práctica brutal imaginada en un cuartel ubicado a la entrada de un pueblo de unos 100.000 habitantes, y motivada por la “política militar institucional del ejército del conteo de cuerpos” para exagerar sus logros en la lucha contra fuerzas armadas.
En tanto, numerosas víctimas de una operación militar que dejó 11 muertos en el departamento del Putumayo aseguraron que no es cierto que ellos sean guerrilleros como lo dice el gobierno colombiano, que ha defendido la acción porque se luchaba a las disidencias de las FARC.
Las víctimas declararon en la Cámara de Representantes, donde el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrentó una moción de censura por su responsabilidad política en los hechos.
