La presidenta de Perú, Dina Boluarte, recibió este miércoles en Lima, a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitan el país suramericano tras la masacre registrada el pasado lunes en el departamento de Puno, que dejó un saldo de 17 muertos.
La Presidencia peruana informó que Boluarte sostuvo “una reunión de trabajo” con los delegados de la CIDH, quienes realizan una “visita de observación” en medio de la convulsa situación y la ola de protestas que experimenta el país desde que el parlamento destituyó al exmandatario Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.
Según la Presidencia, Boluarte, quien estuvo acompañada de la canciller, Ana Cecilia Gervasi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, ratificó el apoyo de su Gobierno a la CIDH para que cumpla su labor de esclarecer “los hechos de violencia ocurridos en el país”. Además, “reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el diálogo y la paz social”.
Por la CIDH, informó la institución, estuvieron el primer vicepresidente del organismo, Stuardo Ralón, y el comisionado Joel Hernández, quienes recibieron “información del contexto actual en Perú”.
La CIDH, que condenó el pasado lunes la muerte de 17 personas en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca del departamento de Puno, así como otras decenas de personas heridas, inició su visita de observación desde este miércoles y la extenderá hasta el viernes 13 de enero.
Según la Comisión, los representantes sostendrán otros encuentros con víctimas y familiares en Lima, Ica y Arequipa.
La agravada crisis política peruana, que acumula al menos 45 fallecidos desde que iniciaron las protestas, ha exacerbado el descontento social y recrudecido las manifestaciones que piden la renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, elecciones generales y la liberación de Castillo, encarcelado desde su destitución.
La Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra Boluarte, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el titular de Defensa, Jorge Chávez, por “presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves“, en las protestas de diciembre y enero en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
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