El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, defendió la posición de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de no acudir de manera presencial al Ministerio Público para responder por la investigación por genocidio y homicidio respecto a las muertes ocurridas en las protestas sociales. Por el contrario, pidió que se respete su decisión de declarar de manera virtual o desde Palacio de Gobierno.
“La presidenta ha querido tener, y corresponde a su derecho, una audiencia, una declaración virtual. Es una decisión de ella que hay que respetar”, apuntó en diálogo con Canal N. Seguidamente, el funcionario del Poder Ejecutivo descartó que esta acción tenga como objetivo no colaborar con las indagaciones que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene a su cargo.
“No es que no quiera ir a Fiscalía. Ella (Boluarte) está dispuesta a declarar de manera virtual. Hay que respetar a la presidenta en su decisión; y, repito, hay que volverle a dar a la figura del presidente de la República ese talante de respeto que tanto se ha perdido”, agregó.
El titular del Minjus enfatizó que la Fiscalía acudía antes a la sede del Gobierno en caso deseaba recabar la declaración de un jefe de Estado. Sin embargo, con la llegada de Pedro Castillo al poder, esta situación cambió puesto que el profesor cajamarquino acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para responder por las investigaciones por corrupción que se le abrieron.
“Si la presidenta tiene la decisión de que esto sea de manera virtual, no es que esté diciendo no a dar sus declaraciones ante el Ministerio Público”, anotó.
Reprogramaciones
Según el diario Perú 21, la presidenta Boluarte ha pedido reprogramaciones ya por tercera vez, para evitar responder por las muertes de ciudadanos en el sur del país. La fiscal Patricia Benavides esperaba interrogarla el último jueves 23 de febrero, pero la mandataria pidió intempestivamente un cambio de fecha y que se desarrolle de manera virtual sin justificación.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, esperaba interrogar a Boluarte Zegarra el último jueves 23 de febrero, pero la mandataria pidió intempestivamente un cambio de fecha y que se desarrolle de manera virtual sin justificación.
Según Presidencia, las citas estaban pactadas para el 30 de enero y 23 de febrero. Aunque el comunicado oficial busca explicar por qué hasta la fecha la mandataria no ha declarado en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, sin quererlo confirma esta grave omisión.
“En la primera citación, programada para el 30 de enero, la señora presidenta expresó su plena disposición para brindar su declaración de manera virtual. Dicha solicitud no ha sido respondida. La presidenta de la república no pidió reprogramación para declarar ante el Ministerio Público. En las dos fechas programadas por la Fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no se obtuvo respuesta”, precisó la cuenta de Twitter de la Presidencia del Perú.
“El Ministerio Público emitió una nueva citación para el 23 febrero y la defensa de la presidenta solicitó que sea virtual, sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la fiscalía. Este pedido no ha sido resuelto aún”, añadió.
“La señora presidenta de la república no rehúye ni posterga dar declaraciones. Asimismo, reitera su compromiso de facilitar y participar en las diligencias que la Fiscalía de la Nación estime por conveniente. La presidenta está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución”, dijo esta vez Presidencia al respecto.
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