Me permito opinar sobre los alcances del DU Nº 023-2022 publicado el 25 de octubre del 2022 que lleva como sugestivo título “Decreto de Urgencia que Establece Medidas en Materia Económica y Financiera Destinadas a Evitar el Desabastecimiento de Combustibles a Nivel Nacional”, que en el fondo condena a PetroPerú a estar limitada al ámbito de la refinación y distribución mayorista sin producción de petróleo y gas natural propio.
Se exige su reestructuración y valorización como empresa para su privatización parcial y se propone su vuelta al FONAFE la misma que necesitaría una ley aprobada del Congreso de la República que derogue la ley Nº 28840 del 2006 que la excluyó del holding estatal, para otorgarle la autonomía que requiere toda empresa petrolera.
El decreto de urgencia lleva la firma del presidente de la República, del presidente de Consejo de Ministros, del titular de Economía y Finanzas (MEF) y de la ministra de Energía y Minas (MINEM). Por tanto, están suscribiendo un decreto que por un lado resulta un salvataje financiero a una empresa que desde hace 30 años subsiste al borde de la privatización, sin producción propia de petróleo y gas natural, lo que constituye la esencia de toda empresa petrolera.
Es más, el ministro del MEF, Kurt Burneo ex izquierdista y ex asesor de Javier Diez Canseco reproduce el libreto de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo respecto a que la explotación de los lotes de Talara “constituyen actividades de riesgo” y que requieren mucha inversión. ¡Más desinformado no puede estar!
El ministro del MEF debiera saber que en 30 años de explotación en los viejos campos de Talara como el lote X se han perforado a la segura 1,440 pozos de desarrollo para explotar las reservas probadas de crudo que no conllevan riesgo, y solamente un solo pozo exploratorio que sí entraña riesgo. ¡Solo UNO, dónde está el riesgo!
En estas casi tres décadas después de la corrupta privatización fujimorista de los activos y lotes de PetroPerú como el lote X que fue privatizado con 40 millones barriles de reservas probadas en 1996, donde prácticamente desde 1997 al 2021 se han extraído 114 millones de barriles de petróleo y restan aproximadamente 52 millones de barriles de crudo de reservas probadas, que es como tener más de S/ 5,000 millones de dólares en el banco.
Con la norma se hace referencia al “aseguramiento de la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional y mantener la continuidad de las operaciones de la empresa PetroPerú”. Al respecto se debe señalar que la única empresa de hidrocarburos que llega a nivel nacional en especial a la Selva, Madre de Dios, Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa, Tarapoto es la petrolera estatal Petroperú.
Allí no llegan las importadoras Exxon/Mobil, Valero ni Repsol, pues no es un atractivo negocio. La petrolera estatal tiene distribuidas una serie de ventas a nivel nacional, donde abastece de combustibles con mínimas ganancias e inclusive asumiendo pérdidas económicas, por su carácter de empresa estatal. Hoy no tiene liquidez para pagar las importaciones de combustibles, y requiere del crédito estatal por US $ 500 millones y del aporte de capital.
PetroPerú que tenía antes una participación del 50 % del mercado de combustibles hoy solamente satisface el 35 % con tendencia a la disminución frente a la competencia Repsol-La Pampilla que controla el 40 % y Exxon Mobil con 15% y Valero el 10% Todas estas empresas transnacionales con mayores espaldas financieras que operan en la economía global.
Es más, se reconoce el carácter estratégico de PetroPerú en el abastecimiento que no resulta atractivo, en especial a las regiones de la selva donde no se recupera el IGV inmediatamente. Todo ello a pesar que no dispone de ningún grifo propio de los 4,600 existentes, por tanto no accede a los márgenes comerciales de los griferos.
Al respecto se debe agregar la deuda que tiene el MEF/MINEM por concepto del Fondo de Estabilización de Combustibles mecanismo compensador que impide el traslado de los altos precios internacionales a los consumidores solamente que al mes de setiembre sumaba una deuda de más de S/ 650 millones de soles a PetroPerú.
Por último, lo que soslaya este DS 023-22 es que no habrá seguridad en el abastecimiento mientras PetroPerú no tenga una dotación propia de petróleo y gas, que lo pueda asumir a costos de producción. Por el contrario, tendrá que pagar precios internacionales por el crudo que procesa.
Hasta ahora PetroPerú tiene que endeudarse con los bancos privados con pasivos corrientes para poder comprar a precios internacionales el crudo y gas que antes le pertenecía, y pagar los intereses correspondientes. Solamente por el rubro de “cuentas por pagar comerciales” al mes de junio del 2022, básicamente las deudas por petróleo y petróleo refinados sumaba los US $ 1,102 millones de dólares, de una deuda corriente total de US $ 3,036 millones. Sin contar las deudas por la Nueva Refinería de Talara.
En otras palabras, ¡este primer artículo no reconoce la necesidad de la “integración vertical” para dotar de seguridad energética a las operaciones de la empresa!
Es más, tampoco reconoce la contribución que tiene la petrolera estatal al recaudar para el fisco en el precio de los combustibles más de S/ 5,000 millones de soles por año por concepto de rodaje, selectivo al consumo e IGV fuera del impuesto a la renta de tercera categoría como empresa sumada a las cuarta y quinta categoría que genera o retiene a sus trabajadores.
Por tanto, con el aporte de capital excepcional de S/ 4,000 millones de soles que dispone el decreto de urgencia, prácticamente le están devolviendo a la petrolera lo que le genera al fisco como impuestos recaudados en un año.
En verdad, llama la atención el carácter del “aporte de capital como excepcional” cuando debiera ser necesario cuántas veces lo requiera la realidad como lo hace Chile con Enap, o Colombia con Ecopetrol.
Siendo una empresa del estado limitada a la refinación, transporte y distribución mayorista de combustibles, su rentabilidad será menor si fuera una empresa integrada verticalmente. Por ello, desde febrero pasado se ha visto afectada por los altos precios de los combustibles a nivel mundial, en parte a consecuencia de la guerra Rusia/Ucrania que llevaron los precios de las gasolinas a casi US $ 300 dólares el barril.
Como corolario los críticos al aporte de capital de S/ 4,000 millones de soles un aproximado de US $ 1,000 millones de dólares, han cuestionado dicho aporte a una empresa productiva que resulta estratégica para satisfacer el mercado interno de combustibles, pero soslayan las pérdidas para el país de los aproximado US $ 2,500 millones de dólares del préstamo “Reactiva Perú” otorgado a más de 300 mil empresas privadas que no serán recuperados.
Creo que ello establece un doble rasero en el análisis, y se cuestiona el aporte de capital a la petrolera estatal por mezquinas razones ideológicas.
(*) Jorge Manco Zaconetti es economista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Se desempeña como director del Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social (CEUPS) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. Profesor investigador de la cátedra de Minas y Petróleo, y sectores productivos se desempeña como asesor y consultor especializado en energía, minas y petróleo.
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