Durante su participación en la sesión de la Comisión de Educación del Congreso, este martes, el alcalde Sigifredo Juan Zárate Vite destacó que el presupuesto para la nueva universidad está asegurado. Esto se logrará mediante el uso de fondos del 5% del Canon, que se distribuye entre las universidades públicas de la región Piura, y que incluiría en adelante a la Universidad de Talara. Además, se emplearán recursos provenientes del Fondo Social establecido en los nuevos contratos de concesión de lotes petroleros en el noroeste.
“Para la creación de este gran proyecto, tenemos la garantía de los recursos económicos, hoy en día la ley del Canon permite destinar el 5% de los ingresos por Canon para las universidades públicas de la región Piura, que allí estaría inmersa también la nueva universidad de Talara”, dijo Zárate.
Además del Canon, el alcalde mencionó el 1.5% destinado a un fideicomiso de la producción petrolera en los nuevos contratos firmados recientemente. Estos fondos serán cruciales para financiar el proyecto universitario y garantizar su sostenibilidad a largo plazo: “Pero adicionalmente, en los nuevos contratos que se han firmado recientemente, hay un 1.5% destinado para un fideicomiso de la producción total del petróleo y he conversado con la mayoría de los alcaldes de la provincia de Talara, el alcalde de Máncora, Los Órganos, de Lobitos y de Negritos, para que podamos destinar estos recursos para que funcione la Universidad de Talara…”, afirmó el alcalde talareño en su exposición.
Qué es el fondo Social
Según el especialista en gestión social de Perupetro, Emerson Alata Ramos, el fondo social, es un mecanismo que permite financiar los proyectos de desarrollo priorizados por las comunidades o la población beneficiaria del área de contrato de licencia de un lote petrolero, y que funciona con un marco institucional propio que se rige por principios como la buena fe, publicidad, transparencia y eficiencia.
El fondo social se encuentra establecido en la cláusula vigésimo cuarta de los contratos celebrados entre la empresa operadora y el Estado. Esta cláusula señala que el contratista aporta un porcentaje de la valorización de los hidrocarburos fiscalizados (1.5%).
El fondo es administrado por un fideicomiso privado destinado única y exclusivamente a la ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de la población del área de contrato. La gestión del fondo se realiza a través de una junta de administración conformada por representantes de la población del área de contrato.
Alata Ramos señaló que el proceso para la ejecución de un fondo social comprende la identificación de problemas, definición de iniciativas, proyectos o actividades, priorización, elaboración de una ficha de actividades y la puesta en ejecución del proyecto. Posteriormente se define un reporte de avances, la liquidación de la obra o actividad, la rendición de cuentas a la asamblea comunal y a la Junta de Administración.
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