La ONPE enfrenta un desafío clave en la implementación del voto digital: no ha logrado contratar aún una firma auditora especializada que garantice la transparencia y seguridad del sistema. Según el jefe del ente electoral, Piero Corvetto, ya se ha realizado una primera convocatoria fallida y actualmente está en curso una segunda. De persistir el problema, se lanzaría una tercera convocatoria de ejecución rápida.
Si la ONPE no consigue una empresa adecuada en el país, explorará opciones internacionales, contactando a proveedores con experiencia en países como Estonia, Georgia y Filipinas. El objetivo es cerrar el proceso este mes, aunque de carácter internacional en caso de no encontrar un proveedor nacional.
La ley firmada en marzo (Ley N.º 32270) oficializó el voto digital como una modalidad voluntaria y progresiva, equivalente al sufragio en urna, y estableció la necesidad de auditoría antes y después de su implementación mediante la Solución Tecnológica del Voto Digital (STVD).
El JNE (Jurado Nacional de Elecciones) ha expresado su preocupación, calificando este piloto de voto digital como ambicioso y arriesgado, especialmente porque la escala prevista —casi 2 millones de personas— supera ampliamente experiencias de otros países, donde han oscilado entre 5,000 y 10,000 participantes. Corvetto puntualizó que los riesgos existen, también en la votación presencial, y subrayó que los tres organismos electorales (ONPE, JNE y Reniec) trabajan coordinadamente para mitigarlos.
La nueva modalidad busca facilitar el ejercicio del derecho al voto a once grupos priorizados que enfrentan barreras para acudir físicamente a las urnas. Entre ellos: peruanos en el extranjero; personal de salud; bomberos; miembros del INPE; personas con discapacidad; personal de organismos electorales; migraciones; Defensoría del Pueblo; residentes del Cercado de Lima; y miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía, para quienes el voto digital será obligatorio.
