En los inicios del mes de abril de este año, varias decenas de personas se manifestaron en Santiago para protestar contra la nueva constitución que se está redactando en Chile, en reemplazo de la promulgada en 1980 por el régimen del dictador Augusto Pinochet y esta Constitución será ratificada en septiembre en un sufragio de voto obligatoria.
”Rechazo popular”, ”Yo no apruebo” o ”Era no más abusos, no menos derechos”, son algunas de las frases que los manifestantes han elegido en sus pancartas y carteles para representar su disconformidad con el trabajo que desde el pasado 4 de julio implementa la Convención Constitucional en la elaboración de la nueva Carta Magna.
Los manifestantes alegan que el órgano constitucional pretende en la nueva Constitución retirar derechos como la propiedad privada, legalizar el aborto libre o despojar los fondos privados individuales de pensiones.
Los vecinos también alegan que la nueva Carta Magna llevará al país al comunismo de la mano del nuevo presidente Gabriel Boric, un ex líder estudiantil de 36 años que encabeza una coalición de izquierda que incluye al Partido Comunista, pero que ha juzgado regímenes como Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua.
El domingo 25 de octubre de 2020 se preguntó a los ciudadanos si aprobaban o rechazaban la redacción de una nueva Constitución. Los resultados fueron contundentes: el 78% de la población votó a favor de su cambio.
Este referéndum fue aprobado en un acuerdo político en el congreso luego de un ciclo de protestas que inició con mítines estudiantiles en 2006 y finalizó en octubre del 2019.
La Convención Constitucional fue concebida como una salida institucional a la que Chile encaminó las violentas protestas sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019, en las que señalaron a la Constitución vigente como fuente de origen de la desigualdad en el país.
