Petroperú, la empresa estatal peruana, atraviesa una de las peores crisis financieras y operativas de su historia, llevando a la decisión de abandonar su emblemático edificio en San Isidro y trasladar todo el personal a Talara. Esta medida, entre otras, busca generar liquidez y demostrar un compromiso real con la reestructuración de la compañía.
Oliver Stark, presidente de Petroperú, anunció el lunes que el directorio aprobó ocho medidas para sanear la empresa. «Ahora sí estamos ajustándonos el cinturón», afirmó Stark en una entrevista con El Comercio. Esta declaración llega después de que el ministro de Energía, Rómulo Mucho, declarara en febrero que la recuperación de Petroperú sería imposible sin cambios estructurales.
Entre las decisiones más destacadas está el traslado de los empleados de la sede principal en la Av. Paseo de la República, en San Isidro, a Talara, donde se encuentra el complejo de refinación de crudo. «El último de los ocho puntos que hemos aprobado es trasladarnos todos a Talara y ver qué es lo mejor para este edificio. De repente lo mejor es concesionarlo para conseguir efectivo. O venderlo», precisó Stark. Este traslado implicará un cronograma de mudanza que afectará a los 600 trabajadores actualmente en Lima.
La venta de activos no esenciales, incluido el edificio central, es una medida clave para generar liquidez. Sin embargo, Stark mencionó un impasse debido a que estos activos están en garantía por facilidades otorgadas previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). «Es un tema interno que vamos a solucionar», añadió.
Petroperú también planea deshacerse de otros inmuebles, como el Club Petroperú en la Av. Golf Los Incas y varias propiedades en Talara y Punta Arenas. «No quiero dar números para no contaminar el proceso, pero en algún momento alguien valoró este edificio en US$120 millones», comentó Stark, subrayando la importancia de estas medidas para la empresa.
Otra medida significativa es la contratación de una empresa restructuradora que gestionará Petroperú como un CEO privado. Esta figura, conceptualizada como Project Management Office (PMO) o Chief Transformation Office (CTO), se encargará de implementar medidas de eficiencia desde su asunción. Stark espera que este proceso de contratación esté completado para septiembre de 2024.
Además, se llevará a cabo una auditoría forense del proyecto de modernización de la refinería de Talara, con el objetivo de identificar responsables por los retrasos y sobrecostos. «Hay que identificar por qué la refinería demoró diez años en ser construida y por qué costó casi tres veces más que al inicio», explicó Stark.
El Gobierno ya había anunciado una reforma estructural en Petroperú, otorgando al MEF mayor capacidad de decisión en la Junta General de Accionistas y destinando un paquete de ayuda que incluía un préstamo de S$800 millones y una línea de crédito de US$500 millones respaldada por el Banco de la Nación. Sin embargo, el ministro José Arista descartó recientemente una nueva inyección económica tras la rebaja de la calificación de la firma por Standard & Poor’s.
La empresa estatal enfrenta una deuda superior a los 8,500 millones de dólares, mientras que su patrimonio total asciende a solo 1,645 millones de dólares. Agencias como Standard & Poor’s han rebajado su calificación de deuda a largo plazo de ‘B+’ a ‘B’, reflejando crecientes preocupaciones sobre su solvencia. Problemas de gestión y casos de corrupción han minado la confianza en Petroperú, y según una encuesta de Ipsos Perú para Perú21, un 21% de los peruanos propone la liquidación de la empresa en caso de bancarrota, postura más marcada entre los niveles socioeconómicos más bajos. Otra fracción del 19% aboga por la venta de la Refinería de Talara a una empresa privada o extranjera.
Mientras Petroperú navega por estas turbulentas aguas, queda por ver si las medidas adoptadas serán suficientes para rescatar a la empresa más importante del Perú.
LO DICE LA GENTE Talara
