Tras demostrar su disposición a colaborar con todas las investigaciones en su contra, el presidente Pedro Castillo se retiró de la Comisión de Fiscalización del Congreso, organismo que se dedica a investigar los hechos ocurridos en su domicilio Sarratea. El rechazo es motivo de la publicación de una posible acusación constitucional contra el presidente; sin embargo, su defensor legal, Benji Espinoza, insistió en que eso no sería posible.
El abogado del presidente, apeló al artículo 117 de la Constitución Política del Perú para señalar que Pedro Castillo, como presidente de la república, no puede ser imputado constitucionalmente porque dicho precepto determina que no podrá ser investigado durante la formulación de su misión a excepción de casos específicos. También mencionó el artículo 97 de la Carta Magna.
“No puede ser acusado constitucionalmente porque hay que leer el dispositivo del artículo 97 de la Constitución con el 117. El presidente no puede ser investigado ni en el fuero judicial, ni en el fueron fiscal, ni en el fuero parlamentario, distinto a los casos previstos en el 117 que regula la traición a la patria como delito y tres infracciones constitucionales”, indicó el abogado de Pedro Castillo.
Sobre la decisión de no recibir a la Comisión de Fiscalización el pasado lunes 27 de marzo, fue Espinoza quien sugirió que el Jefe de Estado no declarara ante la mesa de trabajo. “He recomendado que no se reciba a la Comisión señalando que no trabaja con imparcialidad, sino que busca levantar cargos”, dijo la noche del domingo en conversación con un dominical.
“Una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído con objetividad, imparcialidad y debido proceso, sino es mera formalidad”, dijo a Latina Noticias. Luego señaló que el presidente de la Comisión ha adelantado opinión al señalar que se tienen pruebas contra el presidente. “Dice que el lunes tomamos la declaración y el miércoles presentamos el informe final”, enfatizó.
